España es un Estado de Derecho, democrático y social, y su forma de gobierno democrático es la monarquía parlamentaria. España es nada más y nada menos que eso desde que en 1978 entró en vigor su ley fundamental básica, su constitución.
La vigente Constitución española dice en su preámbulo:
«La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:
Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.
En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente Constitución».
Sabemos por el historiador español Álvaro Soto Carmona que los asuntos que merecieron mayores disputas políticas durante la negociación de la ley magna española «fueron los referidos a la inclusión del término nacionalidades, y como derivación la estructura territorial del Estado; la enseñanza, ligada al papel de la Iglesia en la misma; las Fuerzas Armadas; el cierre patronal, la huelga y el sistema electoral; y en menor medida la fijación de la mayoría de edad y la abolición de la pena de muerte».
Me propongo explicar brevemente cómo se hizo la Constitución española y en qué consiste.
Adaptación del #libro #LaTransición (@silexediciones) de @ibanezsalas, que publicamos con motivo de los #40anosdeconstitucion en nuestra sección dedicada a la #historia: 40 años de la Constitución española. @Adehistoria. Share on XLas primeras elecciones de la Transición
No se habían completado dos años tras el fallecimiento del dictador Francisco Franco y ya habían tenido lugar las primeras elecciones democráticas en más de cuarenta años: era el 15 de junio de 1977. Casi un 79% de quienes estuvieron en condiciones de poder votar lo hicieron, lo que habla de un índice de participación elevado y de las expectativas de una sociedad que ya tenía la seguridad de que el franquismo era algo del pasado, de que la democracia tal y como la ejercían sus vecinos europeos había llegado para quedarse o debía de quedarse y para eso era imprescindible decidir en manos de quiénes dejar la gestión del futuro.
Obtuvo la victoria la Unión de Centro Democrático (UCD), la a todas luces heterogénea coalición electoral que en agosto de aquel año se transformará definitivamente en un partido político, liderada por el presidente del Gobierno, el exministro franquista Adolfo Suárez.
Pareciera, sí, como recoge el historiador español Juan Pablo Fusi, que prevaleció el criterio de «quienes pensaron que el país quería una salida democrática gradual y moderada tras la dictadura de Franco».
UCD logró 6.310.391 votos (34,44%) y con ello 166 diputados, mayoría simple, suficiente, aunque lejos de la mayoría absoluta.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) —junto a Socialistes de Catalunya— obtuvo 5.371.866 votos (29,32%) y 118 diputados que le convirtieron en el principal partido de la oposición… y de la izquierda.
El Partido Comunista de España (PCE), junto al Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) alcanzó 1.709.890 sufragios (9,33%), lo que le permitió llegar… tan sólo a los 19 diputados (de ellos, 8 del PSUC).
Alianza Popular (AP), con el ex ministro franquista Manuel Fraga al frente, tuvo 1.504.771 votos (8,21%) y sentó en el hemiciclo… únicamente a 16 diputados. Resulta evidente que el proyecto político de Fraga fue entendido por la ciudadanía como el proyecto continuista de los franquistas recalcitrantes.
Para el Senado votaron 2.423.668 ciudadanos (10,28% del censo electoral), de los cuales sólo lo hicieron en blanco 23.875 (en torno al 1%). UCD alcanzó 106 escaños, el PSOE 35, la coalición Senado Democrático de Joaquín Satrústegui 16, Entesa dels Catalans 12, el Frente Autonómico de Ramón Rubial y Michel Unzueta 10 (4 de ellos por el Partido Nacionalista Vasco, PNV)… AP únicamente obtuvo 2 senadores y el PCE uno.
No, no hubo rastro de las formaciones políticas ancladas en la identificación con el franquismo. Ninguna obtuvo representación y sí un número de votos en su conjunto insignificante.
De aquellas Cortes saldría la Constitución de la nueva España, la España que la Transición iba construyendo poco a poco en ese peculiar trasiego entre lo que demandaba pacíficamente la sociedad civil en la calle y la proyección de esas manifestaciones en los acuerdos entre los reformistas y aperturistas nacidos en el interior del franquismo y los disidentes del mismo, de un lado, y los herederos de los derrotados en la Guerra Civil y los nuevos grupos sociales emergentes a raíz del desarrollismo tardofranquista, del otro. Dos lados de una misma moneda, la de la política en su sentido pleno, el de la negociación para alejar la violencia.
La elaboración de la Constitución
De alguna manera, el proceso constituyente había dado comienzo ya a finales de 1976 con la aprobación de la Ley para la Reforma Política, y aunque ésta tenía aún en su seno principios autoritarios, si bien también claro está democráticos, la mayoría por cierto, aquéllos desparecerían con la Constitución del año 78.
El gabinete de Suárez formado tras las elecciones de junio quiso tomar la iniciativa y apresurarse a presentar a las cámaras su propio proyecto, pero la categórica desaprobación de los diputados socialistas y comunistas, totalmente contrarios a un texto corto que no recogiera una destacada cantidad de explícitos derechos y libertades, llevó al Gobierno a aceptar la propuesta de que el proyecto constitucional naciera directamente dentro de la cámara baja de las recién elegidas Cortes.
A modo de ráfagas comprensibles, a continuación, reproduzco el sendero parlamentario de la Constitución española (conviene no olvidar, por cierto, que mientras todo esto tenía lugar, la organización terrorista nacionalista vasca ETA seguía matando):
El 26 de julio de aquel año 1977, el Pleno del Congreso de los Diputados crea la Comisión Constitucional que deberá de redactar un proyecto de constitución.
E 1 de agosto se constituye la Comisión Constitucional, más tarde llamada Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, que elige a los ponentes encargados de pergeñar el anteproyecto constitucional: tres de ellos de UCD, Gabriel Cisneros Laborda, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo; Fraga, por AP; Gregorio Peces-Barba Martínez, por el PSOE; Miquel Roca Junyent, por el catalanista PDC (encarnando de alguna manera a las minorías nacionalistas históricas catalana y vasca) y Jordi Solé Tura, en representación del PCE y el PSUC.
El 22 de ese mes se reúnen los ponentes por vez primera para preparar el anteproyecto constitucional.
El 7 de octubre, en respuesta a las multitudinarias manifestaciones en buena parte del país, los socialistas y comunistas, el grupo parlamentario de la minoría vasco-catalana, el grupo mixto y UCD presentan en el Congreso de los Diputados una proposición de ley de «amnistía general aplicable a todos los delitos de intencionalidad política, sea cual fuere su naturaleza, cometidos con anterioridad al día 15 de junio de 1977». Todos los diputados, salvo los de AP, el representante de Euskadiko Ezkerra, Francisco Letamendia, e Hipólito Gómez de las Roces, de la Candidatura Aragonesa Independiente de Centro, aprueban el 14 de octubre en las Cortes la proposición de ley de amnistía, que un día después se convierte en la Ley de Amnistía (si bien prolongando hacia atrás en el tiempo, hasta el 15 de diciembre de 1976, la fecha límite de comisión de dichos delitos, a los que además se añadieron incluso las posibles faltas). Es la primera norma emanada de las nuevas Cortes.
El 5 de enero del año 1978 se hace público el texto de los ponentes constitucionales.
El 28 de febrero Suárez lleva a cabo en su Gobierno una remodelación ministerial, en la que resalta que Fernando Abril Martorell pasa a ser vicepresidente de Asuntos Económicos.
El 17 de mayo, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas discute lo relativo a la pena de muerte y a una enmienda en torno de la supresión de algunos derechos fundamentales en determinados casos relacionados con actos terroristas, y los socialistas consideran roto el consenso.
Cinco días más tarde, se inician las conversaciones entre el vicepresidente Abril Martorell y el número dos de los socialistas, Alfonso Guerra, que comienzan a desatascar el proceso de negociación constitucional.
El Pleno del Congreso de los Diputados aprueba el 21 de julio el proyecto constitucional —con 258 votos a favor, 14 abstenciones y únicamente dos votos en contra— para remitirlo de inmediato al Senado.
El 5 de octubre, el Pleno del Senado debate el dictamen de la Comisión de Constitución de la cámara alta y plantea una serie de modificaciones del proyecto constitucional salido del Congreso que envía a la Comisión Mixta de Diputados y Senadores, encargada de unificar aquel en un solo texto y formada por el presidente de las Cortes, Antonio Hernández Gil, y por los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, Fernando Álvarez de Miranda y Torres y Antonio Fontán Pérez, respectivamente, así como los diputados Solé Tura, Roca Junyent, Pérez-Llorca y Alfonso Guerra y los senadores José Vida Soria (elegido en la candidatura liderada por el PSOE llamada Senado Democrático), Francisco Ramos Fernández-Torrecilla (PSOE), Antonio Jiménez Blanco (UCD) y Abril Martorell.
El 31 de octubre, los respectivos plenos del Congreso y del Senado aprueban el dictamen sobre el proyecto constitucional de la Comisión Mixta de Diputados y Senadores.
Se convoca el 3 de noviembre el preceptivo referéndum con el objeto de decidir sobre la Constitución para el día 6 del mes de diciembre.
Llegamos al mes de diciembre de 1978: el día 6 se celebra el referéndum que aprueba el proyecto constitucional para que se transforme en la Constitución española, con un 87,78% de votos favorables, el 27 el rey Juan Carlos I sanciona la Constitución durante la preceptiva sesión conjunta de las Cortes, un día después la Ley de Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, que subordinan lo militar a la recién aprobada Constitución española. El 29 de diciembre el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la Constitución. Además, el presidente Suárez anuncia la convocatoria de las segundas elecciones generales y de las primeras municipales de la nueva democracia, para el 1 de marzo y el 3 de abril, respectivamente.
Este texto es una adaptación de un extracto de mi libro La Transición, publicado en 2015 por Sílex ediciones. Puedes continuar leyendo sobre la Constitución española en INSURRECCIÓN, siguiendo este enlace.
Director de Anatomía de la Historia
Colaborador en Arzalia Ediciones
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